Comarca, El Análisis, Urbanismo, Última hora Por redaccion • 27 Abr 2010
Inhabilitan al alcalde de Canillas de Albaída y al ex alcalde de Salares
Los juzgados han inhabilitado a dos nuevos políticos de la Axarquía por sendos delitos de prevaricación urbanística.En primer lugar, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga ha condenado al alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), a siete años de inhabilitación para cargo público de concejal o alcalde, y a una pena de multa de 15 meses, por un delito de prevaricación urbanística al conceder una licencia de obra para una vivienda unifamiliar “con grave incumplimiento de la normativa reguladora”, según la sentencia.
En el auto se declara también la nulidad de la licencia otorgada por el regidor mediante un decreto en noviembre de 2004 para construir una vivienda unifamiliar aislada en el paraje El Mosquín, de unos 137 metros cuadrados en suelo no urbanizable y sin que constara proyecto técnico. El alcalde reconoció en el juicio que dio la licencia para una vivienda en suelo no urbanizable “antes de tiempo”, al faltar documentación; pero insistió en que tenía “la completa seguridad” de que la obra se podía legalizar y en que no pensó que estaba cometiendo un delito. “Si lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho, siempre lo hice de buena fe en beneficio del pueblo”, apuntó en su derecho a la última palabra.
Por otra parte, el Juzgado de lo Penal 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Salares, Jorge Luis Fernández (PP), a un año de prisión y ocho de inhabilitación para el desempeño de cargo público como responsable de un delito de prevaricación por no actuar para restablecer la legalidad respecto a una vivienda construida en suelo no urbanizable y sin licencia. Según puso de manifiesto en el juicio la Fiscalía, los hechos fueron denunciandos en el Ayuntamiento hasta en 19 ocasiones por un vecino que pretendía obtener licencia para la construcción de una nave agrícola y que le fue denegada por el Consistorio durante el mandato de Jorge Fernández. En este sentido, el Ministerio Público advirtió que el entonces alcalde tuvo “pleno conocimiento” de las denuncias del vecino y fue advertido por la secretaria de la necesidad de iniciar expediente de infracción y restablecimiento de la legalidad.
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